La Comisión Europea aprobó el pasado 21 de diciembre de 2022, el Programa de Transición Justa de España, que incluye el Plan Territorial de Transición Justa. Contiene las tipologías de actuaciones elegibles para ejecutar los 868 millones de euros de ayuda del europeo Fondo de Transición Justa (FTJ) que le corresponden al país y que recalarán en los territorios elegibles de seis comunidades autónomas –Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia e Islas Baleares– afectados por el cierre de minas de carbón y centrales térmicas de carbón. Las ayudas, que se repartirán hasta 2027, apoyarán a más de 1.900 empresas, la gran mayoría Pymes, impulsando la generación de unos 6.000 puestos de trabajo a tiempo completo.
El ITJ ha diseñado el Plan y el Programa cooperando muy estrechamente con las seis comunidades autónomas implicadas, buscando optimizar las posibilidades del FTJ, un instrumento novedoso de la Política de Cohesión europea, que por primera vez se ha focalizado en retos concretos –los ligados a la transición justa– y a territorios concretos, a nivel provincial o inferior.
- Vía libre para distribuir los 868 millones en ayudas con cargo al europeo Fondo de Transición Justa (miteco.gob.es)
- Enlaces al Plan de Transición Justa y al Programa de Transición justa aprobados por la Comisión Europea.
EL FTJ tiene algunas ventajas frente a otras herramientas de Cohesión. Destaca que, bajo ciertas condiciones, pueden recibir su apoyo las instalaciones sujetas al mercado europeo de emisiones de carbono y las grandes empresas para inversiones productivas, hasta un máximo del 15% y el 30% de los fondos totales, respectivamente; además, tiene unas tasas de cofinanciación un 10% más elevadas que las del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en regiones transición y más desarrolladas, de modo que el gasto total a certificar ante las autoridades comunitarias ascenderá a unos 1.250 millones.
Los fondos del FTJ se adicionan a las ayudas que viene canalizando el ITJ: desde 2019 ha concedido 350 millones en ayudas para trabajadores, empresas y entidades públicas locales, a los que se añaden otros 300 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).