En España, al cierre de minas carbón de 2018 se sumó un proceso de cierre de las centrales termoeléctricas de carbón. En algunos casos las centrales ya han completado su cierre y en otros están en proceso de cierre o sometidas a planes de cierre a medio plazo por parte de sus empresas.
Por tanto, la transición energética se encuentra en un estado muy avanzado respecto a otros países y el gobierno de España ya ha comenzado a desplegar medidas ambiciosas de transición justa.
En este contexto el gobierno de España lanzó en febrero de 2019 la Estrategia de Transición Justa y, particularmente, su Plan de Acción Urgente para hacer frente a los impactos experimentados en las comarcas de carbón y centrales en cierre.
- El punto de partida para el Plan de Acción Urgente es el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027, firmado por el gobierno, sindicatos y empresas mineras en octubre de 2018, cuyos compromisos acordados garantizan medidas de apoyo inmediato a los trabajadores de minería, la concesión de ayudas a municipios mineros y la financiación necesaria a corto plazo.
- En segundo lugar, se suscribió el Acuerdo por una Transición Energética Justa para las centrales térmicas en cierre con las empresas propietarias de las centrales, los sindicatos y el gobierno, en abril de 2020, que está implicando la recolocación de trabajadores y la búsqueda de actividades alternativas para las zonas afectadas, tanto por parte de las empresas -mediante proyectos de energías renovables y otras actividades- como por parte del gobierno y contando con la participación de los sindicatos para facilitar y dar seguimiento a los compromisos.
Más allá de los acuerdos sectoriales con trabajadores y empresas, con objeto de dar respuesta a los impactos socioeconómicos de las zonas afectadas, el Instituto para la Transición Justa ha puesto en marcha los Convenios de Transición Justa (CTJ). Son una herramienta de cogobernanza para garantizar el compromiso y coordinación de las administraciones públicas –nacional, regional y local- y proponer instrumentos de apoyo para materializar la reactivación de los territorios. Están basados en amplios procesos de participación pública y la evaluación de impactos socioeconómicos a nivel local.
En el marco del Plan de Acción Urgente y los Convenios de Transición Justa, se están desplegando diversos instrumentos de apoyo:
- Se ha incorporado un componente específico de Transición Justa al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del gobierno de España, dotado con 300 millones de euros procedentes de los fondos NextGeneration y cuatro objetivos específicos para las zonas afectadas por los cierres que se une al despliegue de fondos nacionales. España es pionera en vincular los fondos de recuperación europeos a las necesidades especiales de las zonas afectadas por el cierre del carbón.
- Se han desplegado medidas para mejorar la empleabilidad y protección de la población trabajadora directamente afectada por los cierres, mediante prestación de ayudas sociales en forma de prejubilaciones o bajas incentivadas; la puesta en marcha de bolsas de trabajo para su incorporación de forma prioritaria en las labores de desmantelamiento de las centrales, en las actividades de restauración ambiental de las explotaciones mineras y en el resto de actividades económicas apoyadas en el marco de los CTJ, a las que se han adherido más de 1.000 personas; y desarrollo de un servicio de mejora de empleo para los mineros afectados por los cierres.
- También se han desplegado medidas para promover desarrollos empresariales y actividades que ayuden a crear un modelo económico diversificado y sostenible, mediante convocatorias de ayudas para proyectos empresariales y pequeños proyectos de inversión que ya han contribuido a crear más de 1.200 empleos en las zonas más afectadas por los cierres en actividades como la economía circular, la industria agroalimentaria o el turismo rural, entre otros.
- Además, se están implementando medidas para impulsar la transición energética y su cadena de valor industrial para que la propia transición ecológica sirva como motor de reactivación, a través de concursos de acceso en nudos de transición justa para promover proyectos de energías renovables que maximicen los beneficios locales; priorización de estas zonas de forma transversal en las convocatorias de apoyo al hidrógeno verde, almacenamiento energético y otras renovables innovadoras; el desarrollo proyectos de I+D+i en el territorio; e impulsando proyectos industriales y energías renovables a través del Acuerdo con las empresas eléctricas.
- También se están apoyando proyectos municipales y de infraestructuras con el objetivo de dotar de servicios adecuados a ciudadanos y empresas. Ya se han firmado convenios de colaboración con los gobiernos regionales para más de un centenar de proyectos con un presupuesto total de 172 millones de euros. A principios de 2023 se ha publicado la resolución de la linea de ayudas para infraestructuras ambientales, sociales y digitales fianaciadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con 91 millones de euros.
- Adicionalmente, se ha puesto en marcha también un Plan de Restauración Ambiental de las zonas degradadas por la minería del carbón, renaturalizando y recuperando para el desarrollo socioeconómico local más de 2.300 hectáreas, que ha contado con la activa participación de las comunidades locales para diseñar los proyectos de nuevos usos alternativos de los espacios restaurados, financiado con más de 150 millones de euros del PRTR. En estos proyectos, se ha priorizado la contratación de ex-mineros, transformando los empleos del carbón en empleos verdes.
En definitiva, el gobierno de España está desplegando un ambicioso marco de medidas y estructuras de gobernanza con todos los actores involucrados para hacer frente a los desafíos de la transición, en el que seguirá trabajando con determinación.