Los Convenios de Transición Justa (CTJs) son la principal herramienta del Instituto para implementar la Estrategia de Transición Justa en los territorios afectados por el cierre de minas de carbón y centrales térmicas y nucleares. Su puesta en marcha también está recogida en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
En concreto, los Convenios de Transición Justa son una herramienta para la co-gobernanza destinada a garantizar el compromiso y coordinación de las administraciones públicas y proponer instrumentos de apoyo en el proceso de transición justa. Mientras los acuerdos sectoriales son a nivel estatal y se centran en empresas y trabajadores, los convenios de transición justa se focalizan en el territorio.
El objetivo prioritario de los Convenios es mantener y crear actividad y empleo en los territorios afectados por la transición energética a través del acompañamiento a sectores productivos y colectivos en riesgo, fijar población en zonas rurales o con instalaciones en cierre y promover nueva y diversa actividad económica coherente con el contexto socio-económico y la fijación de población en zonas rurales o con instalaciones en cierre.
El trabajo para su elaboración parte de lograr el compromiso expreso y la coordinación entre la Administración general del Estado, la Administración Autonómica y Local para realizar un trabajo conjunto.
La participación pública es una de las claves en su elaboración. Se trata de un proceso transparente e inclusivo en el que multitud de agentes (empresas, sindicatos, ayuntamientos, instituciones académicas o asociaciones sin ánimo de lucro, etc.) tienen la oportunidad de aportar e identificar proyectos para plantear un nuevo tejido productivo en la zona.
Las propuestas aportadas en este proceso son analizadas para establecer su viabilidad económica, social y ambiental. Las iniciativas que se determinen como las más adecuadas recibirán apoyo técnico para buscar las líneas de financiación que permitan su puesta en marcha.
Para lograr su objetivo, los Convenios de Transición Justa no responderán con un único mecanismo de financiación, sino que apoyarán actuaciones a través de distintos mecanismos de ayuda buscando la máxima eficiencia, flexibilidad y diversidad de instrumentos con los que generar empleo y actividad económica
El gobierno de España en el marco de los Convenios está desplegando diversos instrumentos de apoyo para contribuir a mantener el empleo, reactivar la economía y restaurar el medio ambiente de los territorios afectados. Entre las líneas principales de actuación destacan los mecanismos de apoyo a:
Fases para la elaboración de un Convenio de TJ
- Fase 1: FIRMA DE PROTOCOLO entre los representantes de las Comunidades Autónomas y los municipios
- Fase 2: DIAGNÓSTICO. Evaluación de las posibles pérdidas de empleo y de impactos socioeconómicos para fijar una serie de compromisos
- Fase 3: PROCESO PARTICIPATIVO. Recogida de iniciativas y propuestas de los actores locales
- Fase 4: EVALUACIÓN PROPUESTAS E IDENTIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS en función en función de beneficios de empleo, sociales y ambientales se evalúan las propuestas de proyectos. Los Agentes del Territorio orientan a los promotores sobre posibles vías de financiación. El Instituto para la Transición Justa y el MITECO ponen a disposición de los territorios afectados distintos mecanismos de apoyo y líneas de ayudas para apoyar proyectos locales.
- Fase 5: FIRMA FINAL DE CONVENIO
En conclusión, para cada uno de estos CTJ se ha lanzado un proceso de participación pública, se ha realizado un análisis de vulnerabilidad socioeconómica y se ha firmado un Protocolo General de Actuación entre los representantes de la administración estatal, autonómica y local que sirve como marco base de colaboración mientras se culmina la firma de los convenios. De esta manera, todos los CTJ se encuentran en fase de definición de instrumentos de apoyo mientras se avanza en la tramitación administrativa.
¿Dónde y cuántos Convenios de Transición Justa (CTJ) se han puesto en marcha?
El ámbito geográfico de los CTJ se ha definido en base a una evaluación objetiva y exhaustiva de los impactos socioeconómicos de los cierres sobre las poblaciones locales.
La evaluación de los impactos es fundamental porque a través de los Convenios se persigue desplegar instrumentos de apoyo en los territorios más afectados, de modo que al final de su implementación se logre un impacto cero en el empleo de estas zonas.
Actualmente hay 15 Convenios de Transición Justa (CTJ) en 197 municipios de 8 Comunidades Autónomas:
- Andalucía: CTJ de Puente Nuevo-Valle del Guadiato (Córdoba); CTJ de Carboneras (Almería); CTJ de Los Barrios (Cádiz).
- Aragón: CTJ de Aragón (Teruel y Zaragoza).
- Principado de Asturias: CTJ de Suroccidente, CTJ de Valle del Nalón y CTJ de Valle del Caudal-Aboño (Asturias).
- Castilla-La Mancha: CTJ de Zorita (Guadalajara y Cuenca).
- Castilla y León: CTJ de Bierzo-Laciana (León), CTJ de Montaña Central Leonesa-La Robla (León) y CTJ de Guardo-Velilla (Palencia).
- Castilla y León y País Vasco: CTJ de Garoña (Burgos, Álava).
- Galicia: CTJ de Meirama (A Coruña) y CTJ de As Pontes (A Coruña, Lugo).
- Illes Balears: CTJ de Alcudia (Mallorca)
Desde el ITJ se ha hecho un trabajo significativo para determinar la metodología aplicada en los diagnósticos que ha sido objeto de una evaluación externa.
Se puede consultar más información sobre la metodología de delimitación geográfica aquí, así como la "Revisión de la metodología aplicada en la elaboración de los diagnósticos y las delimitaciones geográficas de los CTJ" en el siguiente enlace
Se puede consultar el Listado de los municipios incluidos en los 15 CTJs aquí
La participación social en los Convenios de Transición Justa
El punto de partida de los Convenios de Transición Justa es la elaboración de un diagnóstico socioeconómico de cada zona y el lanzamiento de procesos de consulta pública donde los actores locales pueden realizar aportaciones al diagnóstico y proponer proyectos e ideas para reactivar sus territorios. Hasta la fecha, se han elaborado los diagnósticos para los 15 convenios, se han sometido a participación pública y evaluación externa, se han desarrollado procesos en los que han participado más de 800 actores y se han recibido más de 2.000 ideas y propuestas.
Entre los actores que han realizado contribuciones se encuentran perfiles de todo tipo, tales como representantes de empresas, de organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, universidades, centros educativos, asociaciones, organizaciones ambientales, agencias de desarrollo, grupos de acción local y demás entidades interesadas o afectadas. Además, se han establecido marcos de participación específicos para jóvenes y mujeres, que se ampliarán y mejorarán.
A lo largo del 2022 y 2023 se están organizando una serie de jornadas técnicas informativas en los territorios de acción de los CTJ con el objetivo de comunicar el trabajo que se está realizando, visibilizar los proyectos en desarrollo e informar sobre las líneas de ayuda y los instrumentos para dinamizar económicamente las zonas de transición justa. A estas jornadas han asistido más de 750 representantes institucionales, empresariales y sociales. Se pueden consultar todos los materiales y grabaciones de las jornadas celebradas aquí.
La ventana de participación está abierta también a través de los/as Agentes del Territorio que el Instituto para la Transición Justa tiene desplegados en cada región, una figura innovadora que permite mantener una interlocución constante con los actores de las zonas y continúa sumando interacciones y propuestas.
Los/as agentes del territorio del ITJ, además, tienen como función analizar los proyectos recibidos, identificar los instrumentos de apoyo que mejor se adapten a sus necesidades, cuando sea posible, con el objetivo de contribuir a materializarlos en alternativas reales para las zonas. Esta función es clave, especialmente, para PYMEs y pequeños ayuntamientos.
De esta manera, la experiencia española de participación pública no se basa en canales unidireccionales de participación, como puede ser usual, sino pretende crear canales bidireccionales mantenidos en el tiempo que dan lugar a un diálogo e intercambios constantes entre la sociedad civil y las administraciones públicas.
Esta participación social ha sido fundamental para adaptar las herramientas de apoyo a las necesidades reales del territorio y constituye la base de las políticas de transición justa del gobierno de España.
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